Un empleador fue condenado en el ámbito penal y laboral tras intentar besar y tocar sin consentimiento a su empleada y luego despedirla en represalia por denunciarlo. El fallo judicial no solo declaró el despido como injustificado, sino que también reconoció la violencia de género ejercida y destacó la importancia de analizar estos casos con perspectiva de género.

Los hechos

La víctima ingresó en junio de 2020 a un estudio jurídico e inmobiliaria en Viedma, donde realizaba tareas administrativas y participaba en proyectos inmobiliarios. Pese a trabajar jornada completa, su relación laboral nunca fue formalizada.

En 2021, durante una conversación laboral, el empleador intentó besarla y la tocó sin su consentimiento. La mujer lo intimó para regularizar su situación laboral e inició una denuncia penal. Como respuesta, el acusado la despidió alegando "abandono de trabajo" e injurias, argumentos que luego fueron desestimados en sede judicial.

Condena penal y fallo laboral

En marzo de 2023, el empleador fue condenado por abuso sexual simple en el proceso penal. En el juicio laboral, la Cámara determinó que el despido fue una represalia por la denuncia y carecía de causa justa.

El tribunal enfatizó la necesidad de aplicar una mirada con perspectiva de género, en línea con la Constitución Nacional y tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Se destacó la vulnerabilidad de la trabajadora en un entorno de poder masculino y el uso del despido como herramienta de silenciamiento.

"La conducta del empleador evidencia una actitud violenta contra la trabajadora por su condición femenina", señaló el fallo, reconociendo el daño causado.

Reparaciones económicas

La sentencia ordenó al empleador pagar casi $12 millones en indemnizaciones, diferencias salariales y multas por falta de registro laboral. Además, deberá cubrir las costas judiciales y los honorarios de abogados de ambas partes.

El caso sienta un precedente en la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral y refuerza la obligación de proteger a las víctimas frente a represalias.