Los sindicatos que representan a los trabajadores estatales, ATE y UPCN, manifestaron un fuerte rechazo a la falta de propuestas salariales por parte del gobierno provincial en la última reunión del Consejo de la Función Pública, celebrada este lunes. Ambas organizaciones coincidieron en que los salarios actuales son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, a pesar de los incrementos otorgados hasta el mes de septiembre, y solicitaron mejoras urgentes para evitar la pérdida del poder adquisitivo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su repudio a lo que considera es una propuesta del Ejecutivo de “congelar los salarios” de los empleados públicos y subrayó la necesidad de un incremento significativo para el último trimestre del año. "El ajuste al que nos castiga el Gobierno nacional no puede cargarse sobre las espaldas de los trabajadores de las provincias", advirtió Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. En este sentido, el sindicato demandó un aumento del 100% en los valores de la hora pasiva y el plus Operador para el personal del Ministerio de Desarrollo Humano, además de un 50% en los adicionales para los porteros de escuelas. También pidieron que los incentivos y adicionales se actualicen y sigan la pauta salarial correspondiente a la categoría 8 de la Ley 1844.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó "de plano" la falta de oferta salarial por parte del gobierno. El gremio destacó que, a pesar de los incrementos otorgados hasta septiembre, los trabajadores aún no logran cubrir sus necesidades básicas y enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. "Necesitamos mejorar los salarios; que los trabajadores puedan vivir, puedan elegir qué comer", expresaron desde el sindicato. Además, solicitaron un aumento del 100% para las guardias de los empleados de SENAF y Desarrollo Humano, así como para el refrigerio del IPROSS, y un 50% adicional sobre el decreto de octubre para los PSA (personal de servicios auxiliares).
Ambos gremios instaron al gobierno a recapacitar y presentar una oferta que contemple la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores públicos, con el objetivo de evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo y preservar los derechos laborales.