En el marco del nuevo control de ausentismo implementado en la administración pública de la provincia, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por la secretaria Lastra, informó que durante el mes de septiembre se presentaron alrededor de 48.400 días de licencia entre los 52.000 agentes estatales. Sin embargo, el 53% de estas solicitudes fueron rechazadas por no cumplir con las normativas vigentes.

Lastra explicó que muchos de los certificados médicos presentaban inconsistencias, como diagnósticos no acordes con la cantidad de días solicitados. Por ejemplo, se registraron casos en los que, por un simple dolor estomacal, se pidieron 20 días de reposo, o licencias por lumbalgia que superaban los tres o cuatro días habituales de recuperación. Además, se encontraron certificados de hipertensión arterial que solicitaban periodos excesivos de hasta 20 días de licencia.

El sistema de control permite identificar a los profesionales médicos que firman la mayor cantidad de certificados, generando un “ranking de firmantes”. En este sentido, se detectó que algunos médicos firmaban frecuentemente certificados que fueron rechazados debido a que eran incompletos o ilegibles. "Hemos visto certificados sin diagnóstico o con datos esenciales faltantes, como el número de documento del paciente", detalló Lastra.

El impacto económico y social del ausentismo es considerable. Según la funcionaria, el costo no solo recae en el pago de días no trabajados, sino también en la disminución de los servicios públicos esenciales. En sectores como la salud y la seguridad, la falta de personal afecta directamente a la población. "Cada policía ausente implica menos seguridad en las calles", subrayó Lastra, destacando también el impacto negativo en la educación, donde los estudiantes pueden ver rotar hasta cuatro docentes en un mismo periodo escolar debido a las licencias.

Convocatoria a la mesa de la Función Pública

Por otro lado, se anunció que el próximo lunes 14 de octubre se llevará a cabo una reunión con los gremios ATE y UPCN en la mesa de la Función Pública. El objetivo es discutir una propuesta de aumentos salariales que brinde previsibilidad para el cierre del año, abarcando los meses de septiembre a diciembre.