La Cámara del Trabajo de Viedma resolvió este lunes hacer lugar a una medida cautelar que echa claridad en la vida institucional de la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL), que hasta hoy mantenía intervenida la secretaría general y se negaba a devolverle a Gustavo Morón ese cargo, tras haber sido éste ratificado en una asamblea.
La decisión judicial, que tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de las facultades de Morón como secretario general, establece el cese inmediato de toda acción que impida u obstaculice su gestión y, además, suspende la Asamblea General Extraordinaria convocada para mañana martes.
El tribunal intimó así a los integrantes de la comisión que mantienen la obstrucción mandataria a Morón: Mónica Fresco, Néstor Quiñenao, Mario Prieto, Amadeo Ibañez, Marcelo Oliva, Ricardo Colombo, Sergio Nahuelpan, Teresa Devicenzi, Mario Sosa, María Valla, Verónica Chirinos y Julio Hilgert, fueron notificados de la resolución. Según la sentencia, deberán abstenerse de realizar acciones que limiten el cumplimiento del mandato legal de Morón como Secretario General.
La medida surge en un contexto de tensión interna en la organización sindical, en el que un sector opositor había promovido la convocatoria de una asamblea extraordinaria, que finalmente por orden judicial no se llevará a cabo.