El periodista Emiliano Gatti, famoso por su conducción periodística en Canal 10 de General Roca, podría afrontar varios años en la cárcel. La querella solicitó 10 años de prisión y la fiscalía una pena efectiva de 8 años. Así podría ser. Hoy se hizo el juicio de cesura contra el periodista que ya fue encontrado penalmente responsable por la tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, en un caso que conmocionó a todo Río Negro.
La acusación podría derivar en una pena de prisión efectiva de al menos cuatro años. En la audiencia que tuvo lugar en Roca, se escucharon los testimonios presentados tanto por la fiscalía como por la querella, con el objetivo de sostener sus respectivas solicitudes de pena.
Gatti, quien actualmente reside en Bahía Blanca y se encuentra en libertad, sigue defendido por el abogado Joaquín Hertzriken Catena, quien anticipó que apelará cualquier sentencia desfavorable en instancias judiciales superiores. A pesar de los argumentos en su contra, el exconductor sostuvo su inocencia y afirmó que desde el inicio se le consideró culpable sin haber respetado sus derechos procesales.
El tribunal que lleva adelante el juicio está conformado por los jueces Verónica Rodríguez, Emilio Stadler y Luciano Garrido. La fiscalía, representada por Graciela Echegaray, y la querella está a cargo de la abogada Gabriela Prokopiw.
Durante las audiencias, la fiscalía hizo hincapié en la gravedad de los delitos que involucran a Gatti. Se mencionó que en los dispositivos incautados se encontraron al menos 50 videos con contenido explícito, lo que motivó a Echegaray a solicitar una pena de ocho años de cárcel. La querella, por su parte, elevó la solicitud a diez años, basándose en la naturaleza del material y la cantidad de imágenes involucradas.
La defensa, por su parte, calificó como desproporcionada la solicitud de pena, argumentando que estas cifras se asemejan a las impuestas en casos de homicidio o abuso sexual agravado. A lo largo del juicio, Hertzriken Catena presentó un solo testigo en favor de Gatti y decidió prescindir de otros tres, centrando su estrategia en cuestionar las pruebas y la investigación.
El origen del caso se remonta a una investigación internacional impulsada por organizaciones dedicadas a rastrear delitos cibernéticos contra menores, como ICACCOPS y CPS. Estas entidades alertaron a las autoridades locales sobre las actividades de Gatti, lo que resultó en un allanamiento en noviembre de 2022, donde se descubrió el material ilícito en su poder.