La negativa de los progenitores de una niña de cinco años de abandonar la educación virtual que está recibiendo su hija a través de una institución sin reconocimiento oficial, impulsó la intervención de la Defensa Pública para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

La Defensoría civil de menores e incapaces, en representación de la niña, requirió a la Unidad procesal de Familia que disponga la inmediata intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia luego de ser informados acerca de la ausencia de la pequeña en los dos últimos años del nivel inicial.

El aviso fue recibido desde la Supervisión de educación primaria de General Conesa (que comenzó a funcionar en la localidad en marzo de este año) que advirtió que la niña no asistía a un establecimiento educativo formal. En ese marco, los referentes del sistema educativo convocaron a los progenitores quienes sostuvieron su intención de que continúe su educación primaria a través de ese método alternativo dictado mediante una plataforma virtual.

La Defensora, al elevar el requerimiento a la Magistrada interviniente, destacó que la normativa vigente fija como obligatoria la educación desde sala de cuatro años del nivel inicial hasta la finalización de la escuela secundaria. Aludió en ese marco al ejercicio social del derecho a la educación que se procura a través del sistema educativo integrado no sólo por jardines, escuelas o centros de educación media estatales, pero sí por establecimientos educativos reconocidos oficialmente que complementen la acción estatal.

“Las instituciones seleccionadas por los/as adultos/as deben integrar el sistema educativo y, en este caso, la elegida por la familia no cuenta con reconocimiento alguno, ni certificación oficial”, explicó.

Referentes educativos visitaron a la familia en su domicilio, instancia en la que sus progenitores mantuvieron la postura de sostener la educación de la pequeña en la modalidad en la que había comenzado a transitarla dos años antes. Se les requirió en ese momento algún tipo de certificación oficial o documentación que le hubiera proporcionado la institución para verificar si contaba con aval ministerial, pero ello no fue presentado.

A partir de allí, y para que la pequeña no vea vulnerado su derecho a la educación - más aún teniendo en cuenta la proximidad de la finalización del ciclo electivo actual- la Defensoría solicitó la intervención de la SeNAF para que evalúe la situación y aborde la necesidad de que la familia incorpore a la niña a una institución certificada.

La jueza de familia interviniente, en línea con la Defensa Pública, dio inmediata intervención al organismo proteccional que durante estos primeros 10 días de noviembre deberá elevar un informe respecto a la situación de la niña, ampliando acerca de la posibilidad de qué hubiera algún otro menor de edad perteneciente a dicho núcleo familiar que se encuentre en la misma situación escolares. Asimismo pidió un informe detallado en el que se detallen medidas y estrategias implementadas en resguardo de la integridad psicofísica de la niña.