Archivan causa judicial por usurpación contra un luchador social de Río Negro
Tras años de proceso, la justicia llegó a un acuerdo con Hugo Aranea, referente mapuche y de la CTA-A. Organizaciones denunciaron que el caso buscaba criminalizar la lucha por la tierra de 300 familia
La fiscal Rodríguez Frandsen reabrió en 2022 una causa por usurpación contra Hugo Aranea, dirigente de la CTA Autónoma y referente mapuche de Río Negro, que había sido cerrada tres años antes. El caso, que judicializaba la lucha por la tierra de familias en situación de vulnerabilidad, finalizó ayer con un acuerdo que evita un nuevo juicio y destina una contribución económica a un centro de salud barrial.
La imputación contra Aranea surgió en el marco de las recuperaciones de tierras realizadas por centenares de familias durante la pandemia en 2020, en los terrenos donde hoy se asientan los barrios Nueva Vida, 9 de Julio y San Juan. El dirigente fue acusado de usurpación, una acusación que siempre desmintió y que, según sostuvo, quedó demostrada su falta de sustento. "Yo nunca usurpé, tengo mi lugar, tengo donde vivo, pude comprobarlo", afirmó Aranea tras la audiencia del martes 16 de septiembre.
El líder social explicó que su participación se limitó a solidarizarse y ayudar, desde su organización, a familias que se encontraban en "una circunstancia de tremenda precariedad". Durante la audiencia, en lugar de iniciar el juicio a prueba que se había citado, las partes llegaron a un acuerdo. Se decidió suspender la causa bajo la condición de que Aranea realice un aporte comunitario. El dirigente aceptó, aclarando que el costo sería asumido colectivamente por su organización y los vecinos que lo apoyan.
El aporte consistirá en la compra de una CPU o computadora para la salita de primeros auxilios del barrio Lavalle, que recientemente fue víctima de un hecho delictivo. Aranea estimó que el valor del equipo ronda los 500 mil pesos y será financiado mediante aportes solidarios de la comunidad que lo ha acompañado durante el proceso.
"Que la lucha nuestra sirva para eso, como sirvió para que hoy haya alrededor de 300 familias que tienen tierra y vivienda", declaró el referente, destacando el resultado positivo de la movilización social. La resolución cierra un capítulo judicial que, para sus apoyos, representa un revés a la estrategia de judicializar la lucha por el derecho a la tierra y la vivienda.
