Reformularon cargos en causa por siniestro vial ocurrido en ruta provincial 1
En el incidente murió un vecino de Viedma.
El Ministerio Público Fiscal reformuló cargos contra un hombre imputado como autor de un siniestro vial ocurrido el 11 de agosto de 2024 en la Ruta Provincial N.º 1. A raíz del hecho falleció el conductor de un automóvil que circulaba en sentido contrario junto a su hija, quien también resultó lesionada. La modificación se basó en los resultados de una ampliación de pericias que permitió determinar con mayor precisión el lugar exacto en el que se produjo el impacto entre ambos vehículos.
En la audiencia, desarrollada ante un juez de garantías, la fiscalía recordó que el imputado, “momentos antes de las 04:20 horas, circulaba en dirección Viedma – El Cóndor al mando de un automóvil Volkswagen Virtus que conducía sin el debido cuidado y prevención, sin conservar el dominio efectivo del rodado y con un nivel de alcoholemia estimado entre 2,02 g/l y 2,17 g/l”.
Aclaró seguidamente que, en función de pericias concluidas se pudo determinar que “a la altura del kilómetro 8,98 el imputado invadió el carril contrario, impactó de manera frontal con el vehículo que conducía la víctima en dirección opuesta". Este informe pericial incorporado permite verificar que en el lugar del hecho había líneas discontinuas blancas.
Además de requerir esta modificación, la acusación pública anticipó que antes del 30 de septiembre se presentará el requerimiento de apertura a juicio. La querella adhirió a lo expuesto por la fiscalía y la defensa no manifestó objeciones. El juez de garantías tuvo por reformulados los cargos y prorrogó la investigación preparatoria hasta la fecha señalada.
En la misma audiencia, en tanto, el abogado defensor del hombre solicitó la suspensión de juicio a prueba. Si bien reconoció el consumo de alcohol por parte del imputado, sostuvo que se cumplen los demás requisitos legales y manifestó la voluntad del acusado de realizar una reparación económica y, entre otras medidas, auto inhabilitarse para conducir vehículos, realizar un curso de conducción dictado por la agencia de seguridad vial y un tratamiento psicológico; además sostendrá las prohibiciones ya impuestas, entre ellas la de consumir alcohol y estupefacientes y concurrir a lugares de expendio de tales sustancias.
A su turno tanto la Fiscalía como la querella se opusieron a que le sea otorgada la suspensión de juicio a prueba. En primer término fue la querella quien rechazó enfáticamente la aplicación de este beneficio. Anticipó que para este caso solicitará una pena de prisión efectiva, cuestionó los términos de la reparación ofrecida y sostuvo que no representa una respuesta adecuada al sufrimiento de la familia.
La fiscalía acompañó esta postura y subrayó que la pena aplicable al caso oscilaría entre tres y seis años de prisión. Argumentó que no se reúnen los requisitos de procedencia de la suspensión de juicio a prueba y recordó que las víctimas expresaron no sentirse satisfechas con esta vía. “En función de cumplir con la manda de una tutela judicial efectiva en favor de las victimas consideramos que este hecho debe resolverse en un juicio oral y público, donde se merituará la gravedad de la conducta desplegada”. Recordó en este sentido lo grave del nivel de alcoholemia detectado y el riesgo generado en una ruta de alto tránsito.
El juez de garantías resolverá ahora si concede el beneficio pretendido por el imputado. En tanto dispuso que la investigación continúe hasta el 30 de septiembre y extendió las medidas cautelares ya impuestas.
