Fiscalía pide 11 años de prisión por un intento de homicidio que terminó en amputación
El hecho ocurrió en San Javier. La defensa pidió la pena mínima, de 5 años y medio. El tribunal dará su veredicto en los próximos días.
En la mañana de hoy se desarrolló en Viedma la audiencia de cesura en la que la Fiscalía y la Defensa Pública requirieron la pena para un hombre condenado el pasado 7 de agosto por los delitos de tentativa de homicidio, amenazas -ambos agravados por el uso de arma de fuego- y daño. Los hechos, ocurridos el 22 de julio de 2024 en la localidad de San Javier, resultaron en la amputación del brazo derecho de la víctima.
La audiencia inició con la declaración de dos testigos. En primer lugar, mediante una conexión remota, la madre de la víctima principal relató el impacto del hecho en la vida de su hijo y de todo el grupo familiar. Posteriormente, la defensa convocó a un amigo y a la expareja del acusado.
Una vez culminada la producción de la prueba, la Fiscalía solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva. Al fundamentar su pedido, expuso la extensión de los daños físicos, psicológicos, familiares y sociales ocasionados. Sostuvo que la responsabilidad del acusado ya estaba probada y enumeró las circunstancias agravantes, como una denuncia previa de una expareja, la adquisición del arma de fuego -considerada por peritos como causante de "dolor innecesario"- y los relatos de las víctimas.
Respecto a la víctima principal, un hombre de 28 años, la Fiscalía recordó que este narró la pérdida de su brazo derecho, la imposibilidad de continuar con su trabajo en tareas agrícolas y las dificultades para desarrollar nuevas habilidades. Se indicó que actualmente depende de su familia para actividades básicas, padece depresión y no cuenta con subsidio por discapacidad. Además, se destacó que su madre postergó un tratamiento contra el cáncer para priorizar su cuidado.
La Fiscalía argumentó que existió dolo homicida, que los daños alcanzaron de manera directa e indirecta a otros familiares y que la vulnerabilidad económica agrava la situación. Sobre la víctima de las amenazas, se señaló que expresó haber sentido temor y pánico, lo que la obligó a modificar sus hábitos de vida sin poder volver a San Javier.
Como únicos atenuantes se consideraron la falta de antecedentes penales, la situación socioeconómica y los estudios del acusado.
Por su parte, la Defensa Pública argumentó que, si bien el imputado deberá cumplir una condena, se deben valorar sus circunstancias personales y familiares, en particular la existencia de hijos menores que quedarían sin sustento. Solicitó la aplicación del mínimo legal de la pena, fijado en 5 años y 6 meses de prisión, sosteniendo que no existió intención homicida.
Finalmente, el tribunal anunció que dará a conocer la sentencia en los próximos días.
