Fiscales impulsan acuerdos de reparación con empresarios en la causa Techo Digno
Fiscales impulsan la suspensión de juicios a prueba a cambio de inversiones en infraestructura local, una estrategia que no aplica para exfuncionarios públicos imputados.
En el marco de la megacausa Techo Digno, el Ministerio Público avanza en una estrategia de acuerdos de suspensión de juicio a prueba con empresarios de la construcción imputados, promoviendo obras de reparación económica para las comunidades afectadas como alternativa al proceso penal. Esta política, impulsada por la Fiscal General, no es aplicable a funcionarios públicos acusados.
El segundo acuerdo de este tipo se concretó este jueves con el empresario Guillermo Gazzia, titular de Construcciones Normalizadas, imputado como partícipe necesario por defraudación a la administración pública en la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande. Según la investigación, el convenio firmado en 2014 tuvo una ejecución de sólo el 34% a pesar de haberse recibido los fondos completos.
En una audiencia ante el juez Juan Brussino, Gazzia ofreció reparar el techo del cine-teatro municipal de Sierra Grande, una obra estimada entre 32 y 40 millones de pesos. La intendenta Roxana Fernández participó de la audiencia de manera virtual y validó la propuesta, calificando al espacio como "emblemático" y de vital importancia para las actividades sociales de la localidad, actualmente inutilizable por su estado deplorable.
El fiscal Juan Pedro Peralta consideró la reparación como "seria y razonable", destacando que el imputado no tiene antecedentes penales y que la solución cuenta con el aval del municipio, considerado el damnificado directo. El acuerdo implica la suspensión del juicio a prueba por un año, durante el cual Gazzia deberá cumplir con pautas de conducta y ejecutar la obra en el menor plazo posible, estimado entre una y dos semanas.
Este mecanismo no equivale a un reconocimiento de culpabilidad, pero según la fiscalía "implica un ejercicio de introspección por parte del imputado". Peralta recordó que existe un antecedente en Bariloche, donde el empresario Juan Castelli construyó e inauguró recientemente un salón comunitario en el barrio 400 Viviendas como parte de un acuerdo similar.
La estrategia fiscal de privilegiar acuerdos con los empresarios para concentrar la persecución penal en los exfuncionarios públicos no ha sido aceptada por todos los imputados. En expedientes de Fernández Oro y Cinco Saltos, otros constructores rechazaron o aún evalúan la propuesta.
En la causa de Sierra Grande también están imputados los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, cuyo proceso avanza hacia la etapa de juicio.
