Derogan Aportes a Sindicato Judicial: las posiciones a favor y en contra
Hablaron con ESTESUR la legisladora autora del proyecto y el gremio SITRAJUR.
La aprobación en primera vuelta del proyecto 986/2025 en la Legislatura rionegrina no sólo avanzó en términos legislativos: abrió una grieta en el corazón mismo del debate sobre el rol de los sindicatos y el financiamiento de sus estructuras.
La visión de Mansilla: “La sociedad no puede financiar a un sindicato”
La autora del proyecto, la legisladora Elba Yolanda Mansilla, fundamentó su propuesta en una idea clara: no corresponde que los ciudadanos, por el solo hecho de transitar por el Poder Judicial, tengan que pagar un “peaje” al sindicato Sitrajur.
Para Mansilla, mantener el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial implicaba perpetuar un beneficio que —según definió— resulta injusto y carente de sustento en la actualidad. “La sociedad no puede solventar ni financiar a un sindicato”, sentenció.
La legisladora también reveló que durante el debate en comisión el sindicato mostró una actitud “hostil” que, a su entender, obstaculizó cualquier posibilidad de diálogo.
El rechazo de Sitrajur: “Se ataca el salario indirecto”
En la vereda opuesta se ubicó el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur). Su secretario general, Marcos Calarco, fue contundente: la derogación no es un golpe al gremio en sí, sino a los beneficios concretos que reciben los trabajadores.
Capacitaciones, convenios con farmacias, el Colegio de Bioquímicos y prestaciones en la obra social IPROSS son, para Calarco, parte de un entramado de “salario indirecto” que quedaría debilitado. “Lo que están atacando no es el Sitrajur en sí mismo, la herramienta política va a seguir estando vigente”, explicó, al tiempo que acusó a la Legislatura de “responder a castas” y no a los trabajadores.
El gremio adelantó que dará “la batalla en todos los frentes” para frenar la sanción definitiva en noviembre.
La controversia de fondo: ¿beneficio o privilegio?
Uno de los puntos más espinosos es que el proyecto deja afuera al Colegio de Abogados, que mantiene el aporte obligatorio. Mansilla justificó la diferencia explicando que los colegios profesionales cumplen funciones delegadas por el Estado, como el control de matrícula y la disciplina. Sin embargo, abrió la puerta a una futura revisión de este régimen.
La discusión, entonces, excede lo estrictamente legislativo. De un lado, se defiende el financiamiento sindical como herramienta de respaldo social a los trabajadores. Del otro, se plantea que no debe imponerse un aporte a quienes nada tienen que ver con la vida interna de un gremio.
Lo que viene
En noviembre, la segunda vuelta definirá si la polémica tasa queda en la historia o si se mantiene vigente. Hasta entonces, el debate seguirá dividiendo aguas entre quienes ven en la derogación una corrección de un privilegio injustificado, y quienes lo consideran un retroceso en derechos adquiridos para los trabajadores judiciales.
