Este lunes 8 de agosto, un grupo de vecinos del balneario El Cóndor presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro una acción de mandamiento de prohibición, prevista en el artículo 45 de la Constitución provincial, para intentar frenar la construcción de un Depósito Voluntario de Residuos (DVR) de ramas y escombros en plena zona urbana de la villa marítima.

Los vecinos apuntaron directamente contra la decisión del intendente de Viedma, Marcos Castro, y contra la ejecución de la obra a cargo del delegado municipal en el balneario, Osvaldo Guagliardo. En el escrito reclamaron una medida cautelar urgente que ordene el cese inmediato de las tareas iniciadas y la paralización de toda acción vinculada al predio.

Según la presentación, el DVR comenzó a instalarse en un área residencial sin consulta ni notificación previa, y actualmente el lugar ya fue delimitado con vallado, restando solamente la colocación de cámaras de vigilancia para su habilitación.

Los firmantes advirtieron que la iniciativa puede derivar en un basural a cielo abierto, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente: proliferación de alimañas peligrosas, dispersión de olores en jornadas de viento y contaminación de la zona. También señalaron un posible impacto económico, ya que la localización del predio podría desalentar el turismo y afectar el valor de las propiedades destinadas al alquiler temporario.

El escrito recordó que en 2022 el municipio instaló un DVR similar en otra área urbana, pese a la oposición de vecinos y a un informe técnico ambiental que anticipaba las consecuencias. “Hoy seguimos padeciendo esas secuelas”, sostuvieron.

Los vecinos consideraron que la instalación del DVR en El Cóndor viola derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución rionegrina, así como diversas leyes ambientales nacionales y provinciales. Entre ellas mencionaron la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley 3266 de impacto ambiental y la Ley 5491 de protección ambiental.

“El balneario El Cóndor es una zona de altísimo valor turístico, ambiental y residencial, y la implementación de un depósito de residuos constituye un grave retroceso en materia de protección ambiental y calidad de vida”, subrayaron en la presentación.

Lo que piden

En su planteo, solicitaron que el STJ declare admisible la acción y ordene al municipio detener la obra, abstenerse de habilitar el DVR y desarmar los avances ya realizados. También pidieron que se evalúe una alternativa “respetuosa del ambiente y de los derechos ciudadanos”.

De esta manera, el conflicto por la gestión de residuos en el balneario suma un nuevo capítulo, ahora en el máximo tribunal de justicia de la provincia.