Las universidades argentinas se encuentran en una doble jornada de paro que se inició ayer y se extenderá hasta hoy martes, en el marco de una medida de fuerza convocada por el Frente Sindical Universitario. La protesta responde a la crítica situación de la educación superior en el país, afectada por el desfinanciamiento y el deterioro de las condiciones laborales de docentes y no docentes.

Desde los sectores universitarios advierten que el ajuste aplicado por el gobierno nacional compromete no solo el funcionamiento de las instituciones educativas, sino también el futuro del sistema de ciencia y tecnología del país. No obstante, los reclamos no se limitan a la universidad. En un comunicado, los gremios expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos tanto del sector público como privado, con los pequeños y medianos empresarios afectados por la crisis, y con los jubilados, quienes han sido víctimas de ajustes y represión en recientes manifestaciones.

Uno de los puntos más destacados de la declaración gremial es el repudio a la represión ocurrida la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, donde jubilados fueron desalojados con violencia durante una protesta. En ese sentido, el Frente Sindical Universitario exige el cese de la represión y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, piden una investigación urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, especialmente por la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado crítico.

Los universitarios también denuncian la intensificación de operaciones de inteligencia y vigilancia, como la detectada durante una reunión del Frente Sindical Universitario en la sede de Conadu. Advierten que estas acciones representan una amenaza para las libertades civiles y ciudadanas en el país.

Reclamos puntuales del sector

El conflicto universitario no ha mostrado avances desde el inicio del año. Entre las principales demandas, se destacan:

Salarios docentes y no docentes: no ha habido recomposición salarial real desde enero de 2024. Los aumentos otorgados están por debajo de la inflación, con una pérdida estimada del 25% del poder adquisitivo. Además, las negociaciones paritarias han sido vaciadas y los incrementos salariales se definen de manera unilateral.

Gastos de funcionamiento y presupuesto: el financiamiento universitario aprobado por el Congreso en 2024 fue vetado por el Ejecutivo, y el presupuesto 2025 fue retirado, dejando la asignación de fondos en manos del gobierno de manera discrecional. Esto impacta en la investigación, infraestructura y becas estudiantiles.

Edificios e infraestructura: en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), por ejemplo, el campus de Bariloche sigue sin inaugurarse pese a estar terminado en un 98%, mientras que la falta de inversión impide renovar o ampliar equipamiento desde 2023.

A esto se suma el retroceso en el sistema de ciencia y técnica, con la paralización de la Agencia Nacional de Promoción Científica y el freno en los ingresos a la carrera de investigador del CONICET. Esta situación compromete el futuro de numerosas investigaciones y el desarrollo de nuevos proyectos.

Las universidades denuncian que, de continuar este proceso de desfinanciamiento, el gobierno podría avanzar en medidas como fusiones, regionalizaciones, arancelamiento y provincialización del sistema universitario. Esto, advierten, generaría desigualdades en el acceso a la educación superior y afectaría la validez de títulos a nivel nacional.

Por estas razones, el sector universitario reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad, y exige respuestas urgentes para evitar un mayor deterioro del sistema educativo argentino.