El equipo fiscal de turno de Viedma imputó ayer a tres personas, una de ellas menor de edad punible, por su participación en un violento robo ocurrido en una tapicería ubicada en las calles Bernal y Las Heras. Durante la audiencia, realizada de manera virtual, se solicitó y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 60 días para los mayores de edad.

Los hechos
Según la acusación fiscal, el robo tuvo lugar alrededor de las 10:40 de la mañana. Uno de los imputados, armado con una cuchilla de 30 centímetros, habría amenazado a las víctimas junto con su cómplice, exigiéndoles que entregaran sus pertenencias. Entre los elementos sustraídos se incluyeron carteras, billeteras, llaves, lentes y un teléfono celular. Una de las víctimas, que tenía a su nieto de 4 años en brazos, también fue despojada de sus objetos personales.

Tras cometer el delito, los implicados huyeron en un taxi hacia Carmen de Patagones, donde finalmente fueron aprehendidos gracias a un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Río Negro y Buenos Aires.

Calificación legal y pruebas
El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como "robo agravado por el uso de arma blanca, en poblado y en banda". Además, en el caso de los dos imputados mayores de edad, se suma el agravante por la participación de un menor de 18 años.

El sustento probatorio presentado incluyó el acta de procedimiento de la Comisaría 34, las denuncias de las víctimas, el reconocimiento de los objetos robados recuperados, y las tareas realizadas por el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigación Judicial, que analizaron cámaras de seguridad y realizaron allanamientos clave.

Medidas cautelares y resoluciones judiciales
El Ministerio Público Fiscal argumentó la necesidad de la prisión preventiva debido a riesgos procesales, como la posibilidad de entorpecer la investigación y los antecedentes penales de uno de los imputados. El juez de Garantías aceptó la solicitud y dictó la medida por 60 días.

Respecto al menor de edad punible, se determinó que quedará bajo la custodia de un organismo de protección, en un lugar designado por las autoridades competentes.

Por otro lado, a pedido de la defensa y con el acuerdo de la fiscalía, el juez ordenó que no se divulguen imágenes ni datos de los imputados para preservar el desarrollo de las medidas pendientes en la causa.