El femicidio de Otoño Uriarte, una adolescente de 16 años desaparecida en octubre de 2006 y hallada muerta seis meses después, finalmente está siendo juzgado tras años de dilaciones y obstáculos judiciales. Este martes comenzó el juicio oral y público contra cuatro hombres acusados del crimen que conmocionó a la región.
Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. Su cuerpo, con signos de abuso sexual y asesinato, fue encontrado el 24 de abril de 2007 en un canal de riego de El Treinta. Durante casi dos décadas, la familia de la joven enfrentó un sinuoso proceso judicial, marcado por cuestionamientos a la investigación y cambios en los acusados.
Los acusados y sus defensas
El juicio, que busca esclarecer lo ocurrido, tiene como imputados a cuatro hombres:
Néstor Cau, representado por el abogado Marcelo Caraballo.
Maximiliano Lagos, asistido por Edgard Lucero y Manuela Castro.
Germán Antilaf, defendido por Carlos Vila, quien causó un retraso en la audiencia al llegar tarde.
José Jafri, con Rubén Antiguala como abogado.
Un quinto hombre, Federico Saavedra, fue desvinculado del caso.
En sus alegatos iniciales, los defensores criticaron duramente la investigación llevada adelante en estos 17 años. Carlos Vila, abogado de Germán Antilaf, calificó a los acusados como "chivos expiatorios de un poder judicial incapaz de encontrar la verdad". Según Vila, las fallas en la investigación no fueron por falta de recursos, sino por insistir en una tesis sin fundamentos sólidos.
Vila también recordó que Antilaf había sido sobreseído en 2014, pero posteriormente volvió a ser acusado, lo que evidenciaría, según el letrado, las irregularidades en el caso.
El inicio del juicio representa un avance significativo para la familia de Otoño y las organizaciones que acompañaron la lucha por justicia. Sin embargo, también pone en evidencia las serias falencias del sistema judicial en casos de violencia de género y femicidios.
El proceso judicial, que se espera sea extenso, se desarrollará en un contexto de alta expectativa social. La sentencia será clave para determinar si, después de 17 años, se logrará dar respuesta a una familia que sigue reclamando verdad y justicia.