La justicia de los Estados Unidos confirmó la condena a seis años de prisión para el empresario rionegrino Federico Andrés “Fred” Machado por los delitos de conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. El juez federal Amos L. Mazzant, perteneciente al Distrito Este de Texas, dictó la sentencia luego de aceptar el acuerdo que la defensa del imputado había pactado en mayo con la fiscalía. La resolución fijó 72 meses de pena por cada uno de los cargos, disponiendo su cumplimiento simultáneo, lo que evitó una posible condena de doce años. Asimismo, la negociación permitió retirar la acusación por narcotráfico internacional, la cual contemplaba una escala mínima de diez años de cárcel.

Pese a la pena impuesta en la audiencia celebrada en el tribunal estadounidense, el empresario que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 podría recuperar su libertad a principios de 2027 y regresar a Viedma. Machado permanece alojado en una penitenciaría de Oklahoma a la espera de la resolución de su situación carcelaria, manteniendo comunicación con su entorno familiar a través de una aplicación autorizada por el sistema penal norteamericano.

Los cómputos de la condena y el posible regreso a Viedma

La expectativa de una liberación anticipada se fundamenta en el cómputo de la privación de libertad que Machado ya cumplió en la Argentina. Detenido originalmente el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén mediante una orden de captura internacional, el imputado pasó por dependencias federales y luego cumplió prisión domiciliaria en una propiedad camino al balneario El Cóndor, en las cercanías de la capital rionegrina. Su permanencia en el país se extendió hasta octubre de 2025, momento en que la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición a suelo norteamericano.

Al momento de habilitar el traslado, el máximo tribunal ratificó las exigencias fijadas por el juez federal neuquino Gustavo Villanueva, quien estableció que Estados Unidos debía reconocer todo el período en que el empresario estuvo detenido durante el trámite extraditorio. Contabilizando dicho lapso, Machado acumula casi cinco años y siete meses cumplidos de la condena total. Con la aplicación de reducciones por buena conducta contempladas en la legislación estadounidense, su pena —que formalmente vencería el 16 de abril de 2027— podría darse por saldada a inicios de ese año, permitiéndole solicitar el cumplimiento de sus tres años de libertad supervisada en Viedma, medida que requerirá la posterior autorización del tribunal.

En paralelo, la justicia de Texas mantiene abierta una instancia financiera pendiente para determinar los montos que el condenado deberá restituir a las víctimas damnificadas por las maniobras fraudulentas vinculadas a sus empresas aeronáuticas. Para dirimir la reparación económica, el juez Mazzant fijó una audiencia de restitución programada para el 17 de febrero de 2027 en Sherman.

La situación judicial de José Luis Espert

El avance de la causa en el fuero norteamericano impacta de manera directa en la situación legal de José Luis Espert, quien el pasado 22 de octubre fue procesado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, por el delito de lavado de activos. La medida incluyó un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. La investigación penal argentina se centra en la transferencia de 200 mil dólares que el exdiputado recibió en enero de 2020 de una firma ligada al empresario rionegrino, operación asentada en el expediente judicial estadounidense.

Frente al tribunal, Espert sostuvo que la suma percibida correspondió al primer desembolso de un contrato de consultoría por un millón de dólares para un desarrollo minero en Guatemala. Sin embargo, el magistrado descartó la justificación al considerar que se trató de una contratación simulada y que el economista conocía el origen ilícito de los fondos. El procesamiento alcanzó también a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, embargado por 700 millones de pesos como presunto partícipe necesario, y a la firma familiar Varianza S.A. por un monto de 500 millones. El 27 de octubre, la defensa de Espert apeló el fallo solicitando su sobreseimiento, el levantamiento de los embargos y la cancelación de la restricción perimetral para viajar al exterior, atribuyendo la causa a motivaciones de índole política.

Fuente Pagina 12