Condenas viales en Río Negro: ¿por qué hay penas tan dispares?
El contraste entre los fallos de las rutas 22 y 250 reabre el debate sobre el Código Penal en Río Negro: cuatro muertes recibieron menor pena que tres.
La disparidad de criterios judiciales frente a los siniestros viales fatales en Río Negro quedó expuesta tras comparar dos causas emblemáticas: mientras Axel Adrián "Chino" Araneda recibió 3 años y 3 meses de prisión efectiva por provocar la muerte de cuatro integrantes de una familia en la Ruta Nacional 22, Esther Liliana Padilla Ibáñez cumple una pena firme de 5 años y 9 meses por un choque que dejó tres víctimas fatales en la Ruta Nacional 250.
Ambos fallos, dictados bajo la órbita del artículo 84 bis del Código Penal (homicidio culposo agravado), plantean serios interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y el peso de las herramientas procesales frente a tragedias viales de extrema gravedad.
El caso Ruta 22: cuatro muertes y un juicio abreviado
En la Ciudad Judicial de General Roca, los jueces Oscar Gatti, Maximiliano Camarda y Alejandro Pellizzon homologaron un acuerdo de juicio abreviado presentado por las fiscales Graciela Echegaray y Celeste Benatti, la defensa y con el aval de los familiares. Araneda, de 30 años, aceptó una condena de 3 años y 3 meses de cárcel, seis años de inhabilitación para conducir y su primera declaración de reincidencia.
El hecho ocurrió el 21 de noviembre del año pasado a las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 1204 de la Ruta 22, a la altura de Allen. Araneda conducía una camioneta Volkswagen Amarok por encima de la velocidad máxima permitida cuando embistió desde atrás a una Ford Ecosport detenida al costado de la calzada.
"En esas circunstancias, embistió la parte trasera de una Ford Ecosport que se encontraba detenida, provocando el arrastre y posterior incineración, cuestión que causó la muerte de los ocupantes del vehículo."
Como resultado del impacto e incendio murieron Liliana Cocuzza (60), Karina Gutiérrez (32) y dos niños de 4 y 6 años, oriundos de Catriel que viajaban hacia Las Grutas. Solo sobrevivió Justo Gutiérrez. Pese a que la Fiscalía reunió pericias de velocidad, proyección retrospectiva de alcoholemia, cámaras de un local nocturno de Cipolletti y del 911, la vía del juicio abreviado permitió cerrar el proceso con una pena cercana al mínimo legal para este delito.
El caso Ruta 250: tres víctimas y casi el máximo legal
En el extremo opuesto de la escala penal, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dejó firme la condena de 5 años y 9 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para Esther Liliana Padilla Ibáñez, tras rechazar por extemporánea y deficiente una queja de su defensa, encabezada por Juan Pablo Merlo.
El siniestro se registró la noche del 17 de marzo de 2024 en el kilómetro 2,320 de la Ruta 250, a 45 kilómetros de Viedma. Padilla Ibáñez conducía una Toyota Hilux hacia General Conesa con 1,06 a 1,27 gramos de alcohol por litro de sangre y enviando videos por WhatsApp. Tras invadir el carril contrario con doble línea amarilla en una curva, chocó contra una Renault Duster y huyó sin asistir a las víctimas.
En la colisión murieron Juan Cruz Andrade (28), Tomás Andrade Mendioroz (11) y Martha Liliana Andrade (75), mientras que Fabián Armando Andrade sufrió lesiones leves. Tras un juicio oral en el que los jueces Guillermo Bustamante, Carlos Reussi y Marcelo Álvarez la declararon culpable por unanimidad, recibió en marzo de 2025 una pena ubicada apenas un mes por debajo del techo legal de seis años.
¿Por qué la Justicia sancionó distinto hechos tan graves?
El cuestionamiento surge al observar la relación entre la cantidad de vidas perdidas y los años de encierro: cuatro muertos en la Ruta 22 derivaron en dos años y medio menos de prisión que tres muertos en la Ruta 250. La explicación radica tanto en la acumulación de agravantes probados en juicio oral como en los mecanismos de negociación penal.
En el expediente de la Ruta 250, la acusación transitó todo el debate oral y acreditó múltiples conductas temerarias simultáneas: conducción bajo los efectos del alcohol, uso del teléfono celular, cruce de doble línea amarilla y fuga del lugar del hecho, además de las lesiones causadas al sobreviviente. Ese cúmulo llevó al tribunal a aplicar casi el máximo de la escala prevista por la ley.
En cambio, en la causa de Allen, aunque existían cuatro víctimas fatales, exceso de velocidad y pruebas sobre el consumo previo de alcohol, la resolución mediante juicio abreviado operó como un factor determinante para morigerar el monto final. Este contraste deja al desnudo las limitaciones del actual marco normativo para los delitos viales y abre la discusión sobre si las salidas procesales consensuadas terminan licuando el reproche penal frente a siniestros con múltiples víctimas fatales.
Adminn25
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