Escuchar artículo

La legisladora Lorena Matzen (UCR) presentó un proyecto en la Legislatura de Río Negro para modificar la ley R n° 3772 de asistencia integral a las personas celíacas, con el fin de reunir información pública, gratuita y organizada por localidad sobre dónde comprar o consumir alimentos libres de gluten. El texto incorpora un inciso h) al artículo 3° y suma los artículos 5° bis y 5° ter, buscando cubrir la ausencia de un directorio provincial único tras relevar las fuentes oficiales vigentes. En sus fundamentos, la parlamentaria advierte que “la falta de información clara y verificable” limita la autonomía cotidiana y remarca que las grandes distancias geográficas de la provincia vuelven “particularmente importante” ordenar los datos por territorio.

El registro proyectado abarcará establecimientos gastronómicos, alojamientos con servicio de comidas, comercios y productores locales, utilizando plataformas digitales ya existentes para su difusión. Cada publicación deberá detallar obligatoriamente su fuente de origen y la fecha exacta de actualización para garantizar confiabilidad al consumidor. El nuevo artículo 5° ter exige diferenciar con precisión entre los productos envasados registrados como libres de gluten y aquellos locales gastronómicos que acrediten condiciones bromatológicas adecuadas de preparación y manipulación cruzada.

La reforma también apunta a expandir la disponibilidad comercial en las zonas rionegrinas donde la oferta actual resulta escasa. Mediante el artículo 5° bis, se prevén instancias de capacitación y asistencia técnica destinadas a comerciantes y emprendedores gastronómicos. Matzen aclara en el expediente que la norma no impone “una nueva obligación genérica de ofrecer menús” ni sustituye los controles sanitarios nacionales ya establecidos.

Más allá del evidente impacto positivo en el sector turístico, la autora destaca que la herramienta facilitará la vida diaria de familias, estudiantes, trabajadores y pacientes que viajan por atención médica dentro de la provincia. Una vez que la iniciativa reciba sanción y sea promulgada, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días corridos para adecuar su reglamentación. "Mejor información y mayor disponibilidad territorial son dos condiciones complementarias", concluyó la legisladora sobre el alcance real de los derechos para esta población.


ESTESUR también en WhatsApp.

Sumate al canal y recibí las noticias al instante.

Sumarme al canal
Autor: admin