Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca instituir la capacitación obligatoria en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para la totalidad de los agentes que desempeñan funciones en los tres poderes del Estado provincial —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— como así también en los Órganos de Control. La iniciativa, impulsada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), retoma un expediente ingresado originalmente en 2024 (bajo el número 934) que había perdido vigencia parlamentaria por caducidad, con el objetivo central de preparar a los trabajadores públicos ante emergencias cardiorrespiratorias.

En los fundamentos de la propuesta, la parlamentaria sostiene que el paro cardiorrespiratorio representa una emergencia de carácter “tiempo-dependiente”, una condición crítica en la cual “los primeros instantes resultan determinantes para las posibilidades de sobrevida”. En ese sentido, la norma remarca que las enfermedades cardiovasculares se posicionan como una de las principales causas de mortalidad en el mundo y que las acciones iniciales para salvar vidas “dependen de la capacidad de reacción de las personas que se encuentran presentes en el lugar del hecho”.

El texto parlamentario estipula una serie de contenidos curriculares mínimos que deberá incluir cada instancia de formación. La currícula obligatoria contempla desde el reconocimiento temprano de un paro cardiorrespiratorio y la activación del sistema de emergencias médicas, hasta la ejecución de maniobras básicas de RCP y, en los casos que corresponda, el manejo y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Para respaldar el marco normativo, la legisladora fundamenta la propuesta en la Ley Nacional 26835 —orientada a la promoción y enseñanza de técnicas básicas de RCP— y en la Ley Provincial F 4858, que ya incorpora la enseñanza de estas maniobras en el nivel secundario. No obstante, Stupenengo considera que resulta “necesario continuar ampliando las estrategias de capacitación y extenderlas a otros ámbitos de la sociedad”, jerarquizando la preparación dentro de la administración pública.

En cuanto a la sustentabilidad económica y presupuestaria del proyecto, la articulación de la norma autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación efectiva de los cursos y la logística formativa en todo el territorio rionegrino.

Asimismo, la iniciativa contempla un apartado de alcance territorial que invita formalmente a los municipios y comisiones de fomento de Río Negro a adherir a la ley, dentro del marco de sus respectivas competencias, para expandir la obligatoriedad de la capacitación técnica a los trabajadores municipales de cada localidad.