Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura provincial propone la creación de un programa de pasantías inclusivas y remuneradas, orientadas a que estudiantes con discapacidad adquieran experiencia en entornos de trabajo reales y mejoren sus oportunidades de inserción laboral. La iniciativa busca articular prácticas profesionales en organismos del sector público y en empresas privadas que decidan adherir a la normativa, según confirmaron fuentes del Gobierno de Río Negro.

La propuesta parlamentaria, presentada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), está dirigida formalmente a personas mayores de 18 años que revistan la condición de estudiantes regulares y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El objetivo central del articulado es derribar las barreras físicas, comunicacionales y organizacionales que actualmente dificultan el acceso y la permanencia de este colectivo en el mercado de trabajo formal.

Duración, asignación y tutorías del programa

En relación con los aspectos operativos de las prácticas, el texto establece que la duración de las pasantías oscilará entre tres y seis meses, contemplando la posibilidad de extender el plazo hasta un límite máximo de un año. Las jornadas de desempeño profesional no podrán superar las 20 horas semanales de labor, permitiendo compatibilizar las tareas en el puesto de trabajo con la continuidad de los estudios.

Asimismo, la normativa contempla una compensación económica directametne ligada a la dedicación horaria. Cada beneficiario percibirá una asignación estímulo económica calculada de manera proporcional al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, para garantizar el proceso de aprendizaje integral en la organización de destino, se asignará un tutor laboral responsable de coordinar y supervisar un plan individual de formación diseñado para cada pasante.

Garantías de empleo y regulación para empresas

Para prevenir eventuales precarizaciones y evitar que el mecanismo sea utilizado para sustituir puestos de trabajo permanentes, la iniciativa fija un cupo regulatorio estricto. La norma establece un límite máximo de pasantes de hasta el 10% de la dotación total de personal de cada organismo o empresa adherida. Adicionalmente, el texto fija que aquellas instituciones participantes otorguen prioridad para la contratación definitiva a quienes hayan completado la pasantía, en igualdad de condiciones y méritos respecto a otros postulantes.

El proyecto de ley prevé la realización de evaluaciones periódicas del desempeño de los participantes, la creación de un registro provincial para coordinar las postulaciones y la aplicación de sanciones ante posibles incumplimientos de las pautas fijadas. En simultáneo, el programa contempla un servicio de asesoramiento específico para orientar a los estudiantes sobre el impacto o la compatibilidad de la asignación estímulo con el cobro de pensiones no contributivas.

Esta herramienta busca complementar el marco legal de inclusión laboral en el ámbito privado sancionado en el parlamento durante el período 2026. De avanzar el trámite legislativo y lograr su posterior sanción, la propuesta establece que el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 120 días a partir de su promulgación para redactar la reglamentación correspondiente y poner en marcha la convocatoria oficial.