La desregulación del IPROSS avanza en la agenda política tras el anuncio del gobernador Alberto Weretilneck para permitir que los empleados públicos de Río Negro elijan libremente su obra social. La iniciativa, que autoriza la derivación de aportes a entidades privadas o prepagas, abre una intensa discusión en la Legislatura provincial previo a su tratamiento parlamentario.

Según detalló el Gobierno provincial, el proyecto incorpora el derecho de opción para afiliados directos, tanto activos como pasivos, e incluye a todo su grupo familiar primario. Quienes decidan realizar la migración deberán permanecer un mínimo de 12 meses en la nueva entidad elegida antes de solicitar un nuevo cambio o retornar a la obra social estatal. Asimismo, se garantiza la continuidad ininterrumpida de los tratamientos médicos en curso.

La medida impulsada por el Ejecutivo sumó apoyos en el ámbito legislativo, principalmente desde el bloque del PRO. Su presidente, Juan Martin, valoró el avance del texto y recordó que su espacio político había presentado previamente una propuesta similar para eliminar la obligatoriedad de la prestación oficial.

«Lo más importante es que el gobierno haya tomado una buena idea surgida desde la oposición. Esto debe significar una mejor atención de salud para los trabajadores del Estado provincial», afirmó Juan Martin.

En contraste, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN Río Negro) expresó un fuerte rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Desde la organización sindical argumentaron que la desregulación vulnera el principio de solidaridad de la obra social y propusieron, en su lugar, que la administración de la entidad pase a manos de los gremios estatales.

Desde UPCN advirtieron que la fuga de aportantes pondría en riesgo la sustentabilidad financiera del organismo. A su vez, señalaron que el Estado provincial registra demoras en las transferencias de los fondos que le corresponden al IPROSS, por lo que exigieron asumir la conducción técnica y operativa para garantizar las prestaciones de salud a la totalidad de los trabajadores públicos.