El Tribunal de Juicio de Viedma condenó a 20 años de prisión al expersonal de mantenimiento y cuidador del Club Sol de Mayo, tras hallarlo penalmente responsable del abuso sexual agravado por la guarda de cuatro niñas. La resolución judicial unánime ratificó la pena solicitada por la Fiscalía y la Defensoría de Menores, fijando la condena definitiva tras la admisión previa de culpa del imputado.

El fallo judicial estuvo a cargo de los jueces Carlos Reussi, Juan Martín Brussino Kain e Ignacio Gandolfi. Los magistrados validaron el pedido del Ministerio Público Fiscal y desestimaron la solicitud de la defensa, que pretendía imponer la pena mínima contemplada en la escala penal.

Años de abusos y el rol clave de la Educación Sexual Integral

Según la reconstrucción judicial, las agresiones ocurrieron de forma continuada en dependencias de la institución deportiva entre los años 2012 y septiembre de 2024. Las víctimas tenían entre 5 y 12 años cuando iniciaron los ataques. El condenado aprovechaba los fines de semana —período en que las menores quedaban formalmente bajo su cuidado— para cometer los delitos.

El esclarecimiento del caso se originó a partir de una intervención en el ámbito escolar. Un taller de Educación Sexual Integral (ESI) dictado en una escuela primaria permitió que una de las niñas identificara la situación de violencia y revelara los hechos a sus docentes.

“La magnitud de las secuelas es palpable”, sostuvo el fallo judicial al valorar los peritajes psicológicos que acreditaron daños en la salud psíquica de las víctimas.

Los fundamentos de la condena de 20 años

Para la fijación de la escala penal, la fiscalía analizó las circunstancias contempladas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Entre los principales elementos agravantes se consideraron:

• Extensión temporal: Delitos cometidos de manera sistemática a lo largo de 12 años.
• Cantidad y edad de las víctimas: Cuatro niñas afectadas en su etapa de desarrollo infantil.
• Abuso de confianza: Explotación de la posición de guarda e integración en el entorno familiar.
• Secuelas comprobadas: Afectaciones psicológicas y alteraciones graves en la vida cotidiana de las menores.

Como elementos atenuantes, la sentencia únicamente contempló la falta de antecedentes penales del imputado y la aceptación voluntaria de su responsabilidad penal, acuerdo que había quedado firme en la instancia previa realizada en abril.