La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Río Negro, presentó una solicitud formal ante la Secretaria de la Función Pública de la Provincia, Tania Lastra, para exigir la inmediata conformación y reactivación de la Junta de Reclamos y de los Comités Institucionales de Organización y Recursos Humanos en el ámbito de la Administración Pública Provincial.

El documento, firmado por el Secretario General del gremio, Juan Carlos Scalesi, fundamenta la petición en las garantías contempladas por la Ley L N.º 3487 (Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública provincial). Esta normativa asegura el derecho de los agentes públicos a formular reclamos fundados y documentados dentro del ámbito administrativo.

"La existencia formal de estos mecanismos debe traducirse en su funcionamiento real y efectivo, con autoridades e integrantes debidamente designados, representación de las partes que corresponda conforme la legislación vigente, establecimiento de mecanismos de convocatoria y funcionamiento, recepción y tratamiento de los reclamos y cumplimiento de los plazos previstos por la normativa."

En particular, el sindicato invocó el artículo 89 de la norma, el cual establece la intervención obligatoria de la Junta de Reclamos, la remisión de antecedentes, legajos y sumarios, y la fijación de plazos concretos para dictaminar resoluciones.

Asimismo, desde la entidad gremial remarcaron la urgencia de convocar a los Comités Institucionales de Organización y Recursos Humanos, ámbitos clave para discutir la carrera administrativa, la estructura de personal y la evaluación de desempeño, los cuales no han tenido un funcionamiento efectivo.

Entre los puntos solicitados a la provincia se destacan:

• La designación y actualización de los miembros representantes en ambos organismos.
• La convocatoria formal para la apertura de sesiones de trabajo.
• El establecimiento de mecanismos ágiles y transparentes para la gestión de expedientes y la notificación de fallos.

Con este pedido, UPCN busca evitar que las demandas laborales de los empleados públicos rionegrinos queden sin resolución administrativa o deban derivarse directamente a los tribunales de la provincia.