El Tribunal de Juicio de Viedma condenó por unanimidad a un docente de Plástica a la pena de siete años y seis meses de prisión efectiva, además de imponerle la inhabilitación especial y perpetua para ejercer la enseñanza. La resolución judicial lo declaró autor penalmente responsable de once hechos de abuso sexual simple, agravados por su condición de encargado de la educación en concurso real.

Los episodios ocurrieron durante los ciclos lectivos 2023 y 2024 en dos escuelas primarias de San Antonio Oeste. Las víctimas, alumnas de entre seis y ocho años de edad, sufrieron los abordajes deplorables dentro del ámbito escolar, principalmente en las aulas. Durante el proceso se destacó que el condenado dirigió sus actos de manera deliberada hacia las niñas del curso.

Al fundamentar la cuantía de la pena, los jueces valoraron que el imputado se valió de la confianza depositada por las familias en la institución escolar. Asimismo, consideraron la asimetría de poder, la corta edad de las víctimas y la autoridad conferida por el rol pedagógico. Como circunstancias agravantes se contemplaron la reiteración de los hechos, las modalidades empleadas, la formación del profesional, la falta de arrepentimiento oportuno y la extensión del daño psíquico causado.

«Los jueces tienen que determinar qué pena le ponen en esto que son penas divisibles. Ahí es donde empiezan a analizar atenuantes y agravantes. Como agravantes tenían la cantidad de hechos —en este caso once—, la edad de las niñas y el hecho de que era un profesor donde las niñas estaban bajo su custodia», explicó el abogado querellante Damián Torres.

Los informes periciales incorporados al expediente acreditaron secuelas psicológicas graves, como cuadros de estrés postraumático, recuerdos intrusivos, conductas de evitación y serias alteraciones en la escolaridad de las afectadas. Si bien la defensa solicitó el mínimo legal de tres años en suspenso y las querellas fijaron pretensiones de hasta doce años, el tribunal concluyó que la gravedad del daño justificaba apartarse del piso legal. La condena contempla que, una vez firme, se consultará a los representantes legales de las víctimas ante eventuales planteos de ejecución penal.