La legisladora Magdalena Odarda, representante del bloque Vamos con Todos, solicitó formalmente la renuncia del ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, y de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez. La medida responde a la difusión de imágenes que documentan episodios de caza masiva y clandestina de guanacos en territorio provincial, hecho por el cual la parlamentaria exigió una investigación urgente para deslindar responsabilidades administrativas y penales.

El reclamo parlamentario apunta a la gestión de la fauna autóctona bajo la actual administración del gobernador Alberto Weretilneck. Según precisó la legisladora, los controles en el territorio rionegrino quedaron debilitados tras las modificaciones normativas recientes y la reducción operativa en las áreas de fiscalización ambiental.

"Desmantelaron los mecanismos de control y ahora vemos el resultado: nuestra fauna queda a merced de quienes buscan convertirla en un negocio. El Gobierno provincial tiene que dar respuestas y asumir las responsabilidades que correspondan."

Odarda vinculó de manera directa el escenario actual con la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Fauna Silvestre, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. Durante la crítica a la gestión ambiental, remarcó que las advertencias realizadas en la Legislatura sobre el riesgo de desprotección de las especies nativas no fueron atendidas durante el debate legislativo.

Entre las irregularidades señaladas en el pedido de informe y renuncia, la parlamentaria enfatizó el desmantelamiento del cuerpo de Guardafaunas provincial, factor que habría facilitado la proliferación de maniobras ilegales en zonas rurales sin supervisión estatal efectiva.

La gravedad del caso radica en las sospechas sobre la finalidad del hecho. Odarda sostuvo que la escala de la matanza registrada en el material audiovisual descarta el consumo de subsistencia e indica la posible existencia de un circuito de comercialización ilegal de fauna. Por este motivo, instó a las autoridades judiciales y ambientales a identificar a los autores materiales, determinar la logística utilizada y precisar el destino final de los ejemplares cazados.