La mujer imputada por el homicidio de su tío, ocurrido tras el incendio de la vivienda donde él se encontraba en situación de vulnerabilidad, permanecerá en prisión preventiva. Así lo resolvió el juez de garantías Guillermo González Sacco, quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía de prorrogar la medida cautelar por el término de un mes, en el que deberán agilizarse las diligencias pendientes. La defensa oficial se había opuesto y solicitado la imposición de un dispositivo de control satelital y otras restricciones.

En la audiencia, la fiscal Mariana Giammona detalló los avances de la investigación desde la formulación de cargos del 28 de junio y subrayó la contundencia de la prueba pericial. Destacó el informe elaborado por un bombero especializado de la Oficina de Investigaciones de Siniestros Ígneos con sede en Bariloche, que descartó cualquier contingencia eléctrica o de gas como origen del fuego. El perito determinó que el punto de inicio del incendio se ubicó en el sector de los pies de la cama donde yacía la víctima, y que la mayor concentración de las llamas se registró en esa zona.

Además, la fiscal señaló que en el lugar se detectó una mancha tornasolada compatible con residuos aceitosos o hidrocarburos, cuyos análisis de laboratorio aún están pendientes para precisar la sustancia utilizada. A esa evidencia se suman las imágenes de cámaras de seguridad que ubican a la imputada en las cercanías de la vivienda, registros de llamadas al 911, testimonios de vecinos y de personas que brindaban cuidados domiciliarios, así como la historia clínica del Hospital Zatti que acredita las condiciones de vulnerabilidad de la víctima.

"El análisis integral de toda la evidencia reunida permite mantener la hipótesis inicial respecto de la responsabilidad atribuida a la imputada, vinculándola con un conflicto previo que mantenía con la víctima, quien era su tío", enfatizó la fiscal. Asimismo, recordó que existían medidas de prohibición de acercamiento y contacto dispuestas por el Juzgado de Familia, las cuales, según expuso, fueron incumplidas por la acusada, antecedente que refuerza los riesgos procesales.

Por su parte, la defensora oficial María Paz Álvarez se opuso al pedido de prórroga y cuestionó que no se acreditaran riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Sostuvo que el informe de bomberos es preliminar y que no concluye de manera fehaciente que el incendio haya sido intencional, y planteó la hipótesis de que un santuario con velas en el interior de la vivienda pudo haber desencadenado el siniestro. Además, ofreció un domicilio alternativo para la imputada y propuso el monitoreo electrónico como medida menos gravosa.

Sin embargo, el juez consideró que, por el momento, persisten los riesgos invocados por la Fiscalía y dispuso la continuidad de la prisión preventiva por un mes, plazo en el que deberán concluirse los análisis pendientes —entre ellos, la determinación de la sustancia hallada y el estudio de los teléfonos secuestrados— y realizarse la reconstrucción virtual de los hechos, que permitirá avanzar en la investigación.