La confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia comenzó a tener efectos concretos en la denominada causa de los sobresueldos, uno de los expedientes judiciales más resonantes de la historia reciente de Río Negro.

El exlegislador y exministro Francisco “Ringo” González ya se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Pomona, donde cumple la pena de tres años y seis meses de prisión impuesta por el delito de peculado. La sentencia quedó firme tras el rechazo de los últimos recursos judiciales.

Por su parte, el exministro de Educación César Barbeito deberá presentarse ante la Justicia entre este martes y miércoles para quedar a disposición de las autoridades. Así lo confirmó su abogado defensor, Damián Torres, quien aseguró que su representado siempre estuvo sometido al proceso judicial y que comparecerá voluntariamente.

La causa derivó en condenas para siete exintegrantes del gabinete provincial durante la gestión del exgobernador Miguel Saiz, además del extesorero general José Ongaro. González y Barbeito fueron considerados autores del delito por haber ocupado el Ministerio de Coordinación, mientras que otros exfuncionarios fueron condenados como partícipes necesarios.

Entre ellos figuran Omar Contreras, exministro de Turismo; Cristina Uría, de Salud; Juan Accatino, de Producción; Alfredo Pega, de Desarrollo Social; y Diego Larreguy, de Gobierno.

Según estableció la investigación judicial, entre 2004 y 2010 se implementó un sistema de pago de adicionales salariales a funcionarios jerárquicos mediante fondos públicos administrados por fuera de los mecanismos administrativos y de control establecidos por el Estado.

Tras ser notificado de la resolución definitiva, González se presentó el viernes en la comisaría de Darwin, donde quedó detenido antes de ser trasladado al establecimiento penitenciario de Pomona.

En el caso de Barbeito, durante las últimas horas surgieron versiones que indicaban que se encontraba fuera del país. Sin embargo, su defensa sostuvo que estaba de vacaciones y ratificó que regresará para cumplir con la presentación requerida por la Justicia.

Fuentes judiciales señalaron que, una vez conocida la decisión de la Corte Suprema, comenzaron las actuaciones destinadas a garantizar la ejecución de las penas. En ese marco, el fiscal jefe Hernán Trejo solicitó formalmente que se adoptaran las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias.

La resolución del máximo tribunal nacional puso punto final a un proceso judicial que se extendió durante más de una década y dejó firmes las condenas contra los exfuncionarios involucrados.