El fiscal que interviene en la investigación por presuntas irregularidades en el plan habitacional Techo Digno en Sierra Grande solicitó que el exintendente Renzo Tamburrini avance hacia la instancia de juicio, al considerar que existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas.

La acusación se centra en supuestas certificaciones de obra que no reflejarían el avance real de los trabajos ejecutados en un proyecto de 40 viviendas financiado con recursos nacionales. Según la investigación, la documentación presentada indicaba porcentajes de ejecución superiores a los constatados posteriormente por las pericias e inspecciones realizadas en el lugar.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esas diferencias habrían permitido justificar desembolsos de fondos públicos que no se correspondían con el grado efectivo de avance de las obras, generando un presunto perjuicio económico para el Estado.

En contraste, el representante del Ministerio Público resolvió no formular acusaciones contra el exintendente Nelson Iribarren. La decisión se fundamentó en que, durante su gestión, fue quien impulsó las denuncias y puso en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades detectadas en el desarrollo del programa habitacional.

Por su parte, Tamburrini rechazó las imputaciones y sostuvo que la causa tiene un trasfondo político. Además, remarcó que la administración que lo sucedió también intervino en la ejecución y administración de los recursos vinculados al plan de viviendas.

Con la decisión judicial de admitir la acusación, la investigación avanzó hacia nuevas etapas procesales en una causa que busca determinar si existieron maniobras irregulares en la administración de los fondos destinados a solucionar el déficit habitacional en Sierra Grande.