El conflicto docente en Río Negro sumó un nuevo capítulo esta semana con el paro de 48 horas convocado por Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), que tuvo su primera jornada ayer martes y se extiende durante este miércoles. Mientras el gremio habla de una medida con alta adhesión y denuncia represión, el Gobierno provincial responde con números distintos y cuestiona la legitimidad de la protesta.

Desde el sindicato docente señalaron que el inicio del paro estuvo marcado por una adhesión cercana al 70% en toda la provincia, con una fuerte concentración de actividades en Cipolletti. Allí, según indicaron, se desarrolló una jornada de protesta “pacífica”, que —afirman— tuvo como respuesta un operativo policial que, al decir del gremio, fue represivo.

En ese marco, desde UNTER remarcaron que la medida de fuerza expresa “organización, unidad y firmeza” del sector docente, con un reclamo que gira en torno a la reapertura de paritarias, mejoras salariales y definiciones en materia de política educativa. “Seguimos exigiendo que el Gobierno se siente a discutir y dé respuestas reales”, sostuvieron, al tiempo que confirmaron la continuidad del plan de lucha durante este miércoles con acciones en las 18 seccionales de la provincia.

Del otro lado, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro ofreció una lectura diferente de la jornada. Según datos oficiales, el presentismo docente superó el 65% en las escuelas, lo que —aseguran— permitió sostener el funcionamiento del sistema educativo y garantizar el dictado de clases para miles de estudiantes.

Desde el Gobierno provincial calificaron el paro como “arbitrario” y defendieron la política salarial aplicada en los últimos años. En ese sentido, afirmaron que las negociaciones paritarias se han desarrollado en un marco de diálogo permanente y que los salarios docentes en Río Negro se ubican por encima de la inflación acumulada, posicionando a la provincia —según indicaron— entre las mejores del país en materia de ingresos para el sector.

Además, consideraron que la medida de fuerza carece de justificación en el contexto actual y remarcaron que, pese al paro, el nivel de asistencia docente permitió sostener la actividad en las aulas.