La administración provincial de Río Negro intensificó en las últimas semanas una política de control y administración del gasto público, en respuesta al complejo escenario financiero que atraviesa la provincia. Con ingresos afectados por la caída de la coparticipación federal, el Gobierno que conduce Alberto Weretilneck busca sostener el funcionamiento del Estado, mantener la presencia territorial y continuar con obras estratégicas, aunque bajo un esquema de prioridades más rígido.

El tema fue uno de los ejes centrales de la última reunión de gabinete encabezada por el gobernador. Según explicó el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, allí se repasó el estado de gestión de cada ministerio y se analizó especialmente el escenario económico provincial. El funcionario sostuvo que los encuentros mensuales permiten coordinar políticas entre áreas y revisar qué acciones son prioritarias en un contexto de restricciones financieras.

“Hoy hay que trabajar sobre lo estratégico y lo necesario”, señaló Ríos al describir el esquema de administración que viene aplicando el Ejecutivo. En ese sentido, indicó que cada ministerio funciona con un cupo financiero y que la revisión diaria de gastos pasó a ser una práctica habitual dentro de las distintas carteras.

El ministro reconoció que la situación económica obliga a actuar con cautela, aunque remarcó que la Provincia no dejará de sostener políticas territoriales ni frenará completamente la obra pública. “No todo se puede hacer al mismo tiempo”, resumió al explicar la necesidad de priorizar recursos y definir qué proyectos pueden avanzar y cuáles deberán esperar.

Apuesta al desarrollo energético y al empleo local

En paralelo al escenario de ajuste, el Gobierno provincial deposita expectativas en el crecimiento de la actividad energética y en su impacto sobre el empleo. Ríos aseguró que Río Negro atraviesa una transformación de su matriz productiva a partir del desarrollo vinculado a hidrocarburos, logística e infraestructura relacionada con Vaca Muerta.

El funcionario explicó que ese proceso ya comenzó a generar mayor demanda laboral, aunque advirtió que gran parte de los puestos requieren perfiles técnicos y formación específica. Allí ubicó el rol de la Secretaría de Trabajo y del sistema educativo provincial para capacitar mano de obra local.

Uno de los puntos destacados fue la aplicación de la denominada ley “80/20”, que establece que el 80% de las personas contratadas en determinadas obras de infraestructura vinculadas al sector energético deben ser rionegrinas. Ríos sostuvo que esa política permitió ampliar el acceso de trabajadores locales a nuevos empleos.

El ministro afirmó que actualmente existen alrededor de 5 mil puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a estas actividades y aseguró que la mayoría ya son ocupados por trabajadores de la provincia. También destacó el trabajo articulado con universidades, escuelas técnicas e institutos terciarios para generar capacitaciones en oficios industriales, hidrocarburos y logística.

En ese marco, mencionó el funcionamiento del sistema Ser, el Servicio de Empleo Rionegrino, mediante el cual el Estado busca anticiparse a las demandas de las empresas y organizar capacitaciones acordes a los perfiles laborales requeridos.