El legislador rionegrino Leandro García, del bloque PJ-NE, presentó una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Civil y Comercial de El Bolsón para que la Justicia provincial intervenga de inmediato y garantice la protección de los glaciares, ambientes periglaciares y cuencas hídricas estratégicas de Río Negro frente a la nueva Ley Nacional 27.804.

La presentación judicial sostiene que la normativa sancionada recientemente representa un grave retroceso ambiental al flexibilizar los estándares de protección sobre reservas de agua dulce fundamentales para la provincia y toda la Patagonia. En ese marco, García planteó que el Poder Judicial provincial tiene la responsabilidad constitucional de actuar ante una amenaza concreta sobre bienes colectivos esenciales.

“Estamos recurriendo a la Justicia de Río Negro porque los bienes naturales comunes no pueden quedar indefensos frente a una legislación regresiva. La protección del agua, de los glaciares y de las cuencas debe ser una prioridad institucional y constitucional”, expresó el legislador.

El amparo fue presentado invocando los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, los artículos 84 y 85 de la Constitución provincial y la legislación ambiental vigente, sosteniendo que existe un deber de tutela judicial efectiva frente al riesgo de daño ambiental irreversible. Según explicó García, la intervención de la Justicia provincial resulta indispensable ante el peligro que implican actividades extractivas o de infraestructura sobre zonas sensibles de la criósfera andina y ambientes periglaciares, especialmente en un contexto de emergencia hídrica declarado en la provincia.

“La Justicia rionegrina no puede ser espectadora cuando están en juego reservas estratégicas de agua y derechos colectivos fundamentales. Tiene la obligación de actuar preventivamente para evitar daños que después pueden ser irreparables”, afirmó.

Entre las medidas solicitadas, el legislador pidió la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley Nacional 27.804 en territorio provincial y que los organismos provinciales se abstengan de otorgar permisos o autorizaciones bajo el nuevo régimen. También reclamó la elaboración de un plan rector específico de protección de glaciares, ambiente periglacial y cuencas interjurisdiccionales, junto con estudios ambientales integrales e independientes sobre proyectos que podrían afectar áreas de alta montaña.

La presentación incorpora cuestionamientos sobre el denominado “Proyecto Baguales”, advirtiendo sobre la falta de información pública ambiental y el potencial impacto sobre la cuenca binacional de El Manso. “Estamos defendiendo el agua como derecho humano para vivir. Río Negro necesita el agua para consumo, producción, prevención de incendios y reforestación de las hectáreas afectadas por los incendios. No podemos permitir que el gobierno de Milei hipoteque el equilibrio ecológico y la capacidad de las futuras generaciones de vivir en una provincia ambientalmente sustentable”, concluyó García.