Durante décadas, la provincia miró desde afuera cómo se decidía el destino de sus propias rutas. Pero esa historia cambió este jueves. El Decreto 253/2026, firmado ayer por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, le otorga a Río Negro —y a otras ocho provincias— una batería de facultades que antes eran exclusivas del Estado nacional para administrar, reparar y hasta concesionar por peaje tramos de rutas nacionales.

No es una transferencia de dominio: las rutas siguen siendo nacionales. Pero el poder de decidir qué se hace con ellas, quién lo hace y cómo se paga pasa ahora a manos de la Casa de Gobierno de Viedma.

El nuevo poder de Viedma

Con el nuevo dominio sobre los 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, la provincia fue facultada para redactar y aprobar por sí misma los pliegos técnicos y de condiciones que regulan cada licitación vial. Antes, ese documento lo elaboraba y validaba la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

A partir de ahora, Río Negro podrá:

• Llamar a concurso público para la concesión de tramos viales nacionales dentro de su territorio.
• Conducir el proceso de selección del concesionario: recibir ofertas, analizar propuestas, comparar antecedentes y resolver impugnaciones.
• Adjudicar y firmar los contratos de concesión, que podrán tener una vigencia de hasta treinta años. Durante ese período, la provincia es el concedente y la empresa le rinde cuentas a ella.

El plan: peajes a cambio de obras

El esquema que impulsa el gobierno provincial es claro: licitar obras a privados mediante concesiones y financiar las intervenciones con el cobro de peaje. La medida llega tras años de deterioro, obras frenadas y falta de inversión en los corredores viales.

Río Negro podrá presentar ante la DNV un proyecto de concesión por peaje, indicando cuánto se invertirá, en qué plazos, a qué tarifa máxima y bajo qué condiciones contractuales. Si la DNV avala la viabilidad técnica y económica y la Secretaría de Transporte aprueba el convenio, la provincia arranca sola.

Plazos clave: Una vez aprobado el convenio, la provincia tiene un año para llamar a licitación. Si no lo hace, la facultad caduca para ese tramo. Adjudicada la obra, dispone de 90 días hábiles para firmar el contrato y entregar la posesión a la concesionaria.

Limitaciones y responsabilidades

El decreto impone reglas claras para evitar desvíos:

• Los fondos del peaje no pueden derivarse a otras rutas ni a obras de distinta naturaleza: van exclusivamente al tramo concesionado.
• La DNV mantiene la auditoría técnica y fiscalizará el cumplimiento de los contratos durante toda la vida de la concesión.
• Responsabilidad directa de la provincia: Río Negro deberá mantener indemne al Estado nacional frente a cualquier reclamo (incluyendo daños a terceros) que surja de la ejecución del convenio. Es una cláusula no negociable.

Un camino que viene de atrás

El traspaso de facultades no fue automático. El decreto llega después de meses de negociaciones entre Nación y Río Negro, en las que se discutió la operación y el mantenimiento de las rutas 22 y 151 sin cambiar su carácter nacional.

Equipos técnicos de ambas jurisdicciones trabajaron en los detalles: los tramos incluidos, los contratos vigentes y el modelo de financiamiento. Con la firma del decreto, ese proceso previo se transforma en ejecución concreta. Río Negro pasa de negociar el traspaso a tener las herramientas para implementar el nuevo esquema vial.

También para otras provincias

El decreto no beneficia solo a Río Negro. Las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, San Juan y Santa Cruz recibieron las mismas facultades. Además, se deja abierta la puerta para que otras jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan solicitar la adhesión al régimen.

El ministro de Economía, a través de la Secretaría de Transporte y la DNV, será el encargado de dictar las normas complementarias y supervisar que los convenios se ajusten a la ley.

El dato final: El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Juan Bautista Mahiques. Entró en vigencia este viernes, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.