El Gobierno nacional estaría a punto de sellar la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151 a la provincia de Río Negro. El presidente Javier Milei firmaría en las próximas horas el decreto oficial que habilita el traspaso, luego de intensas negociaciones encabezadas por el gobernador Alberto Weretilneck, quien reclamaba el control de estas vías ante el avanzado estado de deterioro y la falta de mantenimiento por parte de Nación.

Con la rúbrica del documento, la provincia obtendrá la potestad legal para hacerse cargo de las reparaciones urgentes y proyectar obras de seguridad en dos arterias fundamentales para la conectividad y la producción del Alto Valle. Desde Viedma ya anticipan que, una vez vigente el decreto, se implementará un plan de gestión propio que incluye la posibilidad de instalar peajes para financiar el mantenimiento constante de las calzadas.

La noticia genera gran expectativa entre usuarios y transportistas que a diario sortean pozos y deformaciones en el asfalto. “Si todo sale como se espera, Río Negro se convertirá en la responsable directa de transformar estos corredores, poniendo fin a años de promesas incumplidas y falta de inversión nacional”, señalaron fuentes oficiales.

El extenso reclamo que viene de atrás

La decisión del Ejecutivo nacional no es casual. Durante meses, el gobernador Weretilneck elevó informes técnicos y denuncias públicas por el estado crítico de las rutas nacionales 22, 23, 40 y 151. El 2 de junio de 2025, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había calificado la situación como “abandono, falta de respeto y riesgo vial”.

“Las rutas están heridas de muerte y pareciera no importarles”, expresó entonces Echarren, quien detalló que relevamientos de Vialidad Rionegrina mostraban deformaciones de hasta 24 centímetros en la Ruta 151. “Es un peligro total y absoluto. El tránsimo de camiones con áridos o materiales pesados destruye el asfalto”, advirtió el ministro, quien también cuestionó el incumplimiento de la ley de fondos de combustibles: “En 2024, la Nación recaudó más de $2 billones. Cerca de $620.000 millones deberían haber ido a infraestructura vial. No se ven en ningún lado”.

La Justicia ya había fallado a favor de la provincia

El traspaso también se acelera después de un contundente fallo judicial. El 8 de octubre de 2025, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por Weretilneck junto a intendentes y entidades empresariales. La sentencia ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejecutar obras urgentes en la Ruta 151 en un plazo máximo de 90 días y presentar un plan de mantenimiento integral.

“Teníamos razón. Lo dijimos desde el primer día: no era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días”, celebró el gobernador en ese momento. La demanda había denunciado el “estado calamitoso” de los 150 kilómetros que atraviesan Río Negro, afectando a más de 10.000 estudiantes, 2.300 docentes, traslados sanitarios y sectores productivos como la fruticultura, la minería y Vaca Muerta.

Ahora, con el decreto presidencial a punto de firmarse, la provincia deja de lado la vía judicial y se prepara para asumir la gestión directa. Desde el Gobierno rionegrino aseguran que el objetivo es claro: transformar las rutas para que dejen de ser un peligro constante y se conviertan en corredores seguros al servicio de la producción y la ciudadanía.