El Juzgado de Ejecución Penal de General Roca dispuso este lunes que el ex policía Rubén Muñoz cumpla de manera efectiva la condena que pesaba en su contra, luego de que se comprobara que volvió a incumplir las condiciones que le permitían permanecer en libertad.

La resolución fue adoptada por el juez Fernando Romera durante una audiencia en la que se evaluó el comportamiento del condenado. El magistrado determinó que Muñoz no respetó las reglas de conducta que debía cumplir como parte de una pena de ejecución condicional, por lo que ordenó su detención inmediata y el traslado a un establecimiento penitenciario.

Muñoz había sido condenado en dos causas distintas. En una de ellas recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por coacción, perturbación del ejercicio de funciones públicas e instigación a cometer delitos. En la otra, fue sentenciado a ocho meses de prisión por amenazas simples. Posteriormente, ambas condenas fueron unificadas en una pena única de tres años de ejecución condicional.

Ese beneficio estaba sujeto a una serie de obligaciones impuestas por la Justicia, entre ellas el cumplimiento estricto de restricciones vinculadas con una de las víctimas del caso: el actual ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara. Entre las pautas establecidas se incluía la prohibición de acercamiento, contacto o cualquier forma de hostigamiento.

Durante la audiencia se expuso que el ex policía volvió a violar esas restricciones, protagonizando un nuevo episodio de acercamiento hacia la víctima. El juez consideró que se trató de una reiteración de incumplimientos y que la conducta del condenado quebró las condiciones que justificaban mantener la pena en suspenso.

Ante esta situación, el magistrado resolvió dejar sin efecto la modalidad condicional de la condena y ordenar que Muñoz sea alojado en una unidad penitenciaria para cumplir la sentencia de manera efectiva.

La decisión se inscribe dentro de las atribuciones del fuero de Ejecución Penal, que tiene la responsabilidad de supervisar que las personas condenadas respeten las reglas fijadas por la Justicia cuando se les concede el beneficio de permanecer en libertad.