Un escándalo de magnitudes preocupantes sacude al Poder Judicial de Río Negro. La Justicia investiga la desaparición de más de 100 armas de fuego que estaban bajo custodia en los depósitos judiciales de la Ciudad Judicial de Roca, pertenecientes a causas penales. La grave irregularidad salió a la luz cuando un arma que debía estar resguardada apareció en un procedimiento policial tras un enfrentamiento armado en el barrio Tiro Federal.

El hecho encendió las alarmas y dio origen a dos investigaciones paralelas: una penal, a cargo de la fiscal jefa Teresa Giuffrida, y otra administrativa, dispuesta de manera urgente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y liderada por el Auditor General, Juan Manuel Montoto Guerrero.

Del hallazgo casual al arqueo masivo

El caso estalló luego de un procedimiento policial en Roca, donde se secuestró un arma de fuego utilizada en un hecho delictivo. Al cotejar la numeración, las autoridades descubrieron que ese mismo armamento debía estar bajo resguardo en el depósito judicial de la Segunda Circunscripción. Ante la posibilidad de que se tratara de un "arma melliza", se revisaron las instalaciones, pero el arma no fue hallada.

Este hecho derivó en un arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca. Fue entonces cuando se detectó que el caso no era aislado. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el faltante ascendería a "más de 100 armas", una cifra que generó conmoción en todos los estamentos judiciales y que derivó en la ampliación de la denuncia penal. La investigación ya no solo se limita a Roca, sino que se extendió a otras circunscripciones de la provincia donde también se habrían detectado irregularidades.

Una custodia que falló

Una de las principales preocupaciones radica en la vulnerabilidad de la cadena de custodia. Las armas secuestradas en causas penales deben permanecer bajo un protocolo de resguardo estricto, cuya responsabilidad recae exclusivamente en la Oficina Judicial, dependiente del STJ. En este proceso, no interviene personal de la Policía de Río Negro.

El depósito, ubicado en el subsuelo del edificio judicial, permanece bajo llave y el acceso está restringido a un número reducido de personas. Sin embargo, la magnitud del faltante dejó al descubierto graves fallas en el sistema de control interno. Como medida preventiva, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

Dos frentes de investigación

La causa penal, que tramita en la Fiscalía de Roca a cargo de la fiscal Teresa Giuffrida, apunta a delimitar la dimensión exacta de los faltantes y a determinar si existe una posible red de tráfico de armas provenientes de la custodia judicial. En este marco, la jueza de Garantías Claudia Lemunao ordenó allanamientos en domicilios de personas vinculadas a la investigación, aunque hasta el momento no se reportaron resultados positivos.

En paralelo, el STJ dispuso una investigación administrativa urgente. El auditor general, Juan Manuel Montoto, lleva adelante la recolección de testimoniales y el análisis de la documentación sobre el circuito de secuestros judiciales. El objetivo es reconstruir el recorrido de las armas, determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control. El proceso podría derivar en sanciones o medidas precautorias contra los responsables.

Las autoridades buscan determinar cómo es posible que decenas de pruebas de causas penales, muchas de ellas vinculadas a delitos graves, hayan salido de los depósitos judiciales sin ningún tipo de control, con el agravante de que algunas ya han sido utilizadas en nuevos hechos delictivos. El arqueo y la investigación continúan en curso.