El abogado viedmense Ignacio Javier Galiano, procesado por el presunto delito de abuso y detenido desde hace más de cuatro años, presentó en las últimas horas un escrito ante la Justicia Federal en el que solicita su excarcelación o, de manera subsidiaria, el otorgamiento de prisión domiciliaria. El planteo fue difundido también a través de sus redes sociales, donde el letrado hizo pública su situación y denunció graves vulneraciones a sus derechos.

Galiano se encuentra alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y, según expone en su presentación, permanece detenido desde hace cuatro años y tres meses sin sentencia firme. En ese marco, invoca el artículo 224 inciso c del Código Procesal Penal Federal y sostiene que el tiempo cumplido de prisión preventiva, sumado a los estímulos educativos que afirma haber obtenido durante el encierro, supera los dos tercios del máximo de la pena en expectativa. En otra publicación en sus redes, el polémico abogado también denuncia que la causa por presunto abuso sexual, que pesa sobre él y que le significa su detención es falsa.

En el escrito, el abogado señala que durante su detención realizó cursos de formación profesional en electricidad en la Unidad 6 de Rawson y rindió materias de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional de La Pampa, mientras estuvo alojado en la Unidad 4 de Santa Rosa. Afirma que esos estudios encuadran en el régimen de estímulo educativo previsto en la Ley 24.660 y que, sin embargo, no fueron computados por el tribunal interviniente.

Además, denuncia que sufrió una reducción arbitraria en sus “puntos de concepto” dentro del régimen penitenciario, lo que —según sostiene— habría sido una represalia por denuncias realizadas contra supuestas redes de narcotráfico y explotación sexual dentro de distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal.

En su presentación, Galiano describe un cuadro de salud complejo. Asegura ser insulinodependiente, celíaco, asmático y padecer una enfermedad degenerativa de cadera, patologías que —según plantea— no estarían siendo tratadas adecuadamente en contexto de encierro. En ese sentido, invoca normativa constitucional y tratados internacionales vinculados a la protección de la integridad física de las personas privadas de libertad.

Uno de los puntos más sensibles del escrito es la referencia a un hábeas corpus tramitado ante el Juzgado Federal N.º 1 de Morón. Allí, según afirma, un auditor del Servicio Penitenciario Federal habría manifestado que el organismo no puede garantizar su vida ni su integridad psicofísica dentro del sistema. Galiano interpreta esa declaración como un reconocimiento formal del riesgo que enfrenta y sostiene que, ante esa situación, el Estado pierde legitimidad para mantenerlo detenido.

También menciona el impacto del encierro en su entorno familiar. Indica que no ve a sus padres ni a sus cuatro hijos desde hace cuatro años, uno de los cuales padece autismo, y que no se le concedieron visitas extraordinarias ante situaciones de salud críticas de familiares directos.

En el petitorio, el abogado solicita que se le otorgue la excarcelación bajo modalidad condicional, que se computen los estímulos educativos obtenidos, que se revise la baja en sus puntos de concepto y que se tenga por acreditado el riesgo cierto para su vida. En caso de rechazo, pide el otorgamiento de prisión domiciliaria con control judicial.